El Plan Nacional Contra La Hepatitis C Se Topa Con Instituciones Penitenciarias

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El cumplimiento del Plan Nacional de hepatitis C circula a dos velocidades. Si bien la mayoría de las administraciones autonómicas presumen del esfuerzo realizado desde que se puso en marcha, el Ministerio del Interior, responsable de su aplicación en las Instituciones Penitenciarias (II.PP.), no puede decir lo mismo. De las 56.000 personas que conforman la población reclusa en España, un 19 por ciento (según las estimaciones carcelarias) padecen hepatitis C y, de ellas, el 23 por ciento se encuentra en estadíos graves de la enfermedad, haciendo un total de 2.576 internos en fases 3 y 4. Desde que se puso en marcha el Plan, en abril de 2015, han sido tratados con los antivirales de última generación 622 presos, un 24 por ciento del total. “Muchos han sido suministrados por las comunidades autónomas y buena parte de ellos por Instituciones Penitenciarias”, señala Enrique Acín, técnico de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria de Madrid y de la sección de Evolución de la epidemiología y estrategias de reducción de daños en II.PP.
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La administración de tratamientos, además, es desigual por comunidades autónomas. Según los datos aportados por Acín, de los 622 tratamientos, 271 se los reparten entre Andalucía (145), Madrid (102) y Valencia (124), mientras que la cuarta región más diligente fue Aragón (55). “Está costando Dios y ayuda. En Madrid son tratados pacientes de la capital y también pacientes traídos de comunidades ‘díscolas’, como Galicia y Castilla y León. Esperemos que se arregle el desencuentro entre Interior y los diferentes territorios”, explicó Acín.
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En los pasados presupuestos generales del Estado se destinó una partida de 20 millones de euros para tratar a la población reclusa que padece hepatitis C. La pregunta será, según dejó caer Acín, si existirá la diligencia necesaria para atender a los casi 10.000 pacientes en fases 3 y 4 que aún quedan por recibir tratamiento. “Uno de los errores más importantes de este país es tener una sanidad penitenciaria totalmente independiente del SNS. Es absurdo e ineficiente mantener un sistema sanitario paralelo”, resalta. Además, cabe recordar que hace un mes el Tribunal Supremo sentenció que no se podrían utilizar alternativas terapéuticas en II.PP. como por ejemplo sería el interferón frente a los antivirales de última generación incluidos en el Plan Nacional.

Gaceta Médica

 FUENTE: TOKATA.INFO

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