Desigualdad En Atención Sanitaria: Exclusión En El Acceso A Derechos Sanitarios

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El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está muy deteriorado. En los centros penitenciarios encontramos enfermedades prácticamente erradicadas en el exterior, como por ejemplo la tuberculosis, padecida en un 5% (100 veces más que la población general según la Organización Mundial de la Salud) y los niveles de incidencia de otras enfermedades graves multiplican varias veces los niveles normales. El VIH-SIDA está extendido en prisión entre el 10% de la población, mientras que en el resto de la población afecta a un 0,3%. Los datos recogidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sitúan la tasa de infectados por hepatitis C en el mundo occidental entre el 1,5% y el 3% de la población, mientras que según los datos que maneja la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria entre la población reclusa la tasa es superior al 25%. Teniendo en cuenta que en Andalucía hay 14.890 internos, la situación es claramente preocupante.

La asistencia médica es deficitaria y de peor calidad que la del resto de la sociedad. No existe asistencia integral y las consultas de especialistas en el interior de las prisiones son muy escasas. Sí se presta asistencia médica de carácter primario (dependiente de IIPP) con una desorbitada ratio médico por paciente que actualmente está en torno a un médico por cada 200 personas presas, mientras que sin embargo existe un funcionario de seguridad por cada cinco personas reclusas.

Muchos de los derechos que como pacientes se determinan en la normativa sanitaria para cualquier ciudadano se vulneran de manera sistemática para las personas presas, quienes son tratadas en muchas ocasiones por las administraciones responsables (SAS e IIPP) como presos o presas y no como pacientes. Constatamos falta de información personal sobre su proceso asistencial, gran dificultad para acceder a sus informes, a su historia clínica, y sus pruebas médicas que en ocasiones solamente pueden conseguir acudiendo al Juzgado. Quiebra de la confidencialidad médico-paciente cuando asisten a las consultas externas de los especialistas, ya que no reciben directamente del sanitario los resultados de sus pruebas o los informes en la mayoría de las ocasiones sino que son dados a la fuerza conductora para que esta, a su vez, la entregue a la prisión. En muchas ocasiones, la Policía se encuentra presente cuando el especialista hace comentarios sobre la situación de salud de la persona presa.

Denunciamos que no se les está informando sobre los derechos de garantía de respuesta en tiempo máximo en Andalucía, ni se les aplica en su proceso asistencial, al igual que tampoco el derecho a una segunda opinión médica. Las deficiencias en la coordinación entre ambas administraciones además conllevan, para terminar de agravar la situación, pérdida de vigencia de pruebas analíticas, repetición de las mismas, duplicación de procesos y retrasos en la asistencia.

Las múltiples deficiencias se ven agravadas por el incumplimiento reiterado de la Circular de Instituciones Penitenciarias 2/98 que dispone la suspensión de los traslados cuando existan tratamientos o pruebas médicas pendientes. Son frecuentes los desplazamientos de los presos de un Centro Penitenciario a otro sin tener presente las citas médicas ya concertadas o intervenciones quirúrgicas programadas. Todo ello acarrea empezar de nuevo con la asistencia de los especialistas en diferentes hospitales, incluso de diferentes comunidades autónomas en algunos casos, con realización de nuevas pruebas médicas, nuevas valoraciones y nuevas previsiones de intervención con el deterioro que para la salud de la persona presa ello supone y más aún en caso de enfermedades graves, a parte del derroche de recursos públicos.

En multitud de ocasiones, una persona por el mero hecho de estar en la cárcel no puede acceder a un tratamiento del que sí podría disponer y se le dispensaría sin ningún problema si estuviera libre, aunque este medicamento sea imprescindible para que pueda tener alguna esperanza de vida. Los médicos de prisiones son profesionales que se ven limitados por criterios de seguridad y de orden regimental y no exclusivamente por los de salud, ya que dependen directamente del Ministerio de Interior. Es decir, el médico tiene que obedecer a un superior jerárquico no sanitario, y priorizar este deber de obediencia antes que las cuestiones deontológicas de atención al paciente.

Así se ha recortado en la medicación y han aparecido cupos para ser tratados, en función de la disponibilidad presupuestaria. Restricciones impuestas por los recortes económicos que están imposibilitando que las personas presas accedan a un derecho básico como es el de la protección de la salud. Los médicos de atención primaria de prisión cambian a veces algunos tratamientos (con diferente composición) recetados por los médicos especialistas por motivos económicos, práctica que no tiene respaldo legal alguno ya que para el cambio de una medicación es necesario que exista un cambio de circunstancias acreditadas o que lo realice otro especialista.

Enfermos mentales: Siguen hacinándose en centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos. De los cerca de 15000 presos andaluces, alrededor de 1.200 padecen enfermedades mentales graves y otros 6.000 sufren trastornos mentales y de la personalidad. La mayoría de ellos se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos, y su paso por tan duro ambiente agrava sus patologías en casi todos los casos. La prisión, por tanto, se convierte para estos enfermos en un sustitutivo inapropiado ante la falta de recursos asistenciales, evidenciando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.

La coordinación existente entre los servicios médicos de las prisiones y la salud mental del Servicio Andaluz de Salud (aparte de la voluntariedad de algunos profesionales), sigue siendo muy escasa, y con los servicios sociales, casi nula, por lo que al salir de las prisiones ordinarias estas personas quedan abandonadas a su suerte. Si no disponen de acogida y medios pueden encontrarse, literalmente, tirados en la calle.

Recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía, como la rehabilitación para recuperación de habilidades sociales y de inserción social y laboral en régimen ambulatorio, programas residenciales, programas ocupacional-laborales, programa de ocio tiempo libre, no se prevén para las personas enfermas de las prisiones ordinarias o su previsión es tan escasa que resulta anecdótica.

Se incumple así el convenio del año 2006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación (de estas personas) y su derivación a recursos comunitarios adecuados. Hoy en día estos recursos siguen sin crearse ni reflejarse en las previsiones presupuestarias.

Queremos además denunciar la situación de las personas con enfermedades mentales graves que han sido absueltos, al considerarse que no tenían capacidad para entender la condena, y, sin embargo, están en la cárcel. La ley establece que ninguna persona que sea incapaz de entender el sentido de la pena de prisión puede estar en un establecimiento penitenciario. Se trata de una exigencia que se deriva de la aplicación de los derechos humanos. En casos como estos es inadecuado e injusto imponerle penas de prisión. Sin embargo estas personas se encuentran en ocasiones cumpliendo las medidas de seguridad, ante la inexistencia de recursos, en la misma prisión.

Transferencia de competencias: Muchos de estos problemas se solucionarían si se diera cumplimento a la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece que: “Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta Ley y mediante el correspondiente Real Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía”.

En vigor desde el 30 de mayo de 2003, la transferencia debió hacerse efectiva antes del 1 de diciembre de 2004. Esta medida es considerada como necesidad urgente y requisito ineludible para conseguir la modernización y normalización de la Sanidad Penitenciaria, pero ninguna de las dos administraciones, ni el Ministerio del Interior ni la Junta de Andalucía, han tenido interés político alguno en cumplir dicha norma, lo que resulta del todo reprobable abandonando de manera intencionada a las personas presas enfermas en un maremágnum normativo, de protocolos y convenios que dificultan la asunción clara de competencias por parte de las Administraciones.

Asociación Pro-Derechos Humanos De Andalucía

FUENTE: TOKATA-INFO

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