ARTÍCULO DE LA REVISTA “PANÓPTICO” – Por La Proteccion De Las Especies: Los Funcionarios De Prisiones En La Transicion – G. L. Treviño

El siguiente artículo fue publicado en el año 2005, en la revista “Panóptico” tras el motin de Quatre Camins (2004).

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Al iniciar este escrito se suceden en las televisiones catalanas (BTV-TV3) reportajes e información sobre prisiones, tendentes a justificar la política penitenciaria del Gobierno tripartito de la Generalitat. No se puede negar un cierto cambio en sus maneras, peroello no puede obviar que se nos trata de estúpidos, y la información, manipulada, mejor que se la guarden. En uno de los debates el Sr. Albert Batlle (director de Tratamiento Penitenciario en Catalunya), preguntado sobre los más de 1.000 presos muertos en los últimos años en las prisiones catalanas, balbuceó “que eran muchos”. Finalizada la investigación de las presuntas torturas enla cárcel de Quatre Camins se llega a la conclusión de que las hubo, pero no puede identificarse a los que las inflingieron. En la Catalunya del tripartito, preocupada por la tortura que padecen toros y animales de circo, la muerte por enfermedad, sobredosis o supuesto suicidio de más de mil personas en 10 años no escausa de investigación alguna. Que tras una protesta de presos se denuncien torturas ha dado lugar a tres o cuatro dimisiones y la apertura de un expediente informativo; como concluía uno de los contertulios, profesor en la Universitat de Barcelona, hace 25 años hablábamos de lo mismo.

Las Cerezas, en TVE nos muestra el diálogo entre dos próceres de las patrias ibéricas: Carod-Rovira de Esquerra Republicana y Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura. Allí, libre la palabra, se habla de ETA, del GAL y de diversos temas por los que más de un vasco ha sido enjuiciado por Garzón o se ha cerrado una revista o un diario. Rodríguez Ibarra asegura que encarcelar a Rafael Vera puede ser causa de desestabilización de la joven democracia española; más de 48 etarras, asegura, fueron asesinados en aras de aplanar el camino de la Transición. Hablar de ello es tabú. Las cuentas de muertos y torturados por el mismo motivo o similar debería aumentarse con los presos comunes asesinados en las cárceles, los manifestantes tiroteados por error o los muertos en comisaría. Aquí, en la Transición, sólo existía el búnker, el peluquín de Carrillo y la txapela de ETA. 25 años después, Carrillo es padre de la democracia, el búnker vuela con las gaviotas y ETA negocia una regularización de impuestos con la Agencia Tributaria. Las víctimas y los que de ellas se acuerdan miran incrédulos un desfile de mentiras y falsedades.

En 1978 se publicaba en Donostia Rebelión en la Cárceles firmado como Lurra; es el primer libro que recoge el testimonio de la lucha de los y las presas comunes bajo el paraguas de la COPEL en las cárceles españolas. La opinión que sobre los funcionarios nos ofrece es demoledora: “Dentro de la terrible represión que ya supone la privación de libertad, unida a la inhabitabilidad de las cárceles españolas, los presos tampoco se pueden sustraer a otro tipo de represiones: las celdas de castigo, torturas, violaciones, actuación de la Fuerza Pública, e incluso la muerte”.

El carcelero, funcionario o “boqueras” tiene como misión la custodia de los presos. La reinserción social aún no se habían inventado y el funcionario de prisiones (en general poco letrado e ignorante) movía su catecismo mental entre los Principios Generales del Movimiento y la Obra Mercedaria, es decir, entre el fascismo y el paternalismo cristiano. Dicha situación no cambiará hasta bien entrada la democracia: aunque las reformas introducidas por Carlos García Valdés en 1978, como director general de Prisiones, abogaran por “impedir los malos tratos y las celdas de castigo”, poco se conseguiría a corto plazo. Los testimonios son continuos y machaconamente remiten a vejaciones, malos tratos y torturas, en los cuales el funcionario será secundado por todos los que de una u otra manera trabajan en las prisiones: “la responsabilidad de los médicos de las cárceles en la aceptación de las torturas y en su ejercicio, es considerable, aunque sea indirectamente, ya que el hecho de diagnosticar que el preso está sano después de recibir una paliza o después de autolesionarse, como ha sucedido en los últimos motines, es una forma de colaborar con los torturadores”. “[…] El Dr. Barrigón de Carabanchel y ante los gritos de Agustín Rueda Sierra, que moriría horas después, manifestando que no sentía las piernas, diagnostica: eso es la humedad del túnel”. En este cuadro de los horrores solo falta el cura. 

El funcionario de prisiones trabajaba 24 horas con dos días de descanso, siendo práctica común el pluriempleo. Dichos horarios fueron cambiados en la década de los ochenta por turnos de 8 horas, lo que ocasionó un duro enfrentamiento entre los sindicatos del ramo y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP) ante lo que suponía una clara pérdida de privilegios. Los funcionarios trabajan poco y delegaban enpresos de “confianza” funciones subalternas como el cierre y apertura de puertas, reparto de comida y cerveza, reparto de paquetes llegados del exterior, etc. Estos presos de confianza ocupaban destinos (cargos) que los situaban con unos privilegios por encima del común. Al tiempo que trabajaban sin sueldo alguno obtenían con redenciones extraordinarias el pago de sus servicios, en otros casos controlaban las mafias de juego y tráfico de drogas. Las funciones de estos destinos rebasan ampliamente su cometido servil (llevar cafés o cerrar puertas), para erigirse en voz y oído de sus amos. En prisiones como la Modelo o Carabanchel los presos de confianza reparten la medicinas, leen y censuran el correo, actúan como enfermeros o llegan al extremo de participar en las palizas a otros presos. En la Modelo se hicieron tristemente conocidas las noches de borrachera de funcionarios y presos de confianza (también llamados cabos), que invariablemente finalizaban entrando en la 5.ª galería para pegar a presos indefensos en celdas de castigo. Una de las actuaciones más contundentes de los presos comunes durante los motines fue la denuncia pública de estos cabos, su marginación y la exigencia de que ningún preso fuera el encargado de cerrar puertas u obtuviera beneficios personales por el trabajo que debían realizar y por el cual cobran funcionarios de prisiones. Éste es el panorama que mayoritariamente encontramos entre el funcionariado de la época: delegación escandalosa de funciones, corporativismo endémico, amparo judicial e impunidad absoluta de sus actos y tiranías sobre el preso. El funcionario antes y ahora se erige en piedra fundamental del sistema penitenciario, pudiendo asegurarse que ninguna reforma puede hacerse en su contra y sin su complicidad.

Los carceleros han sido protegidos, y lo siguen siendo, por el sistema democrático, son un mal menor ante cuyos desmanes se opta por la duda, la apertura de diligencias y otras medidas dilatorias que favorecen la impunidad total y el corporativismo de un gremio socialmente mal visto, pero necesario para el sistema.

Universidad Complutense de Madrid, facultad de Derecho (21-25 de marzo de 1977)

Una semana después del primer motín de la COPEL se reúnen en Madrid abogados, amigos y familiares de presos. En las actas de los debates destacan entre otros Agustín García Calvo, Fernando Savater o el que apenas un año más tarde será flamante Director General de prisiones, Carlos García Valdés, quien sentencia: “El comunicado de COPEL pone en tela de juicio lo que dice el Reglamento Penitenciario […] ellos hablan de que cesen los malos tratos en las celdas tanto de funcionarios como por los cabos de celdas […] piden que cesen los comercios ilegales de vino y drogas en las cárceles […] que se clausuren las celdas de castigo […] siempre he creído que la sociedad mundial adolece de falta de progreso y de autoridad moral; los únicos pasos que se han dado para avanzar en este terreno, en mi opinión, serían: la abolición de la esclavitud, la jornada laboral de ocho horas y la abolición de la pena de muerte; a estos tres pasos inevitables habría que añadir la humanización de las cárceles”.

La labor básica del funcionario era la de vigilancia y mantenimiento de disciplina entre los presos, todo imbuido de unos principios redentores que en su relación con el preso se sustancian en: orden, disciplina y sumisión.

El reglamento penitenciario (RP) no se reformará, parcialmente, hasta que las revueltas de COPEL y la presión de abogados y sectores sociales obliguen a la DGIP a un replanteamiento del mismo, es decir, a humanizar la relación entre presos y carceleros. Mientras, el funcionario que deambula por las galerías de la Transición se rige por un RP aprobado en 1958 y modificado en 1965. En los debates de la Complutense hay unanimidad en descalificar los principios morales que lo rigen y en general destaca la distancia entre la teoría y la práctica del mismo. Juan Aguirre, uno de los conferenciantes de Madrid, relata con demoledora agudeza la relación entre carceleros y presos; estos últimos debían permanecer en posición de firmes y tratar al funcionario de usted: “es indudable que el interno, cuando se dirige a un funcionario, o lo hace en un tono normal o, como por desgracia suele suceder, lo hace en una situación tan tensional en la que los insultos que se le dirigen impiden que la posición de firmes sea la adoptada. Y es que es difícil guardar la posición de firmes cuando un porrazo te cae o una patada se te avecina, indudablemente… Es cierto, amplias masas de presos sí prefieren la muerte o al menos algo parecido, es decir, estamos en un proceso de aproximación a soportar un trato penitenciario, en el que la violencia es la primera de las notas. La violencia a través de la disciplina y una disciplina marcial consigue la regeneración del delincuente”. La humillación es otro de los escalones que se mantienen, mirar, mirar a los ojos de un funcionario, no dirigirse a él con la cabeza bajada, firmes y con las manos cruzadas en la espalda es causa de palizas y sanciones.

El modélico trato que reciben los presos es, según se mire, una maravilla al lado de lo que representaba el Patronato de Protección a la Mujer, creado por la graciosa Infanta Doña Paz de Borbón en 1902, entre cuyos objetivos encontramos la denuncia de trata de blancas y la “protección de mujeres descarriadas”. Setenta años después, en 1972, el patronato se dedica a internar mujeres mayores de 16 o menores de 25, previo consentimiento paterno, para su “regeneración”, siendo una “institución para jóvenes de nivel socio-económico bajo”. El sometimiento al acoso sexual de las funcionarias-madres es la moneda de cambio para obtener una mejora en la comida, en las visitas familiares o en su vida diaria. “…no hay nada de lo que Vd. dice, todo es correcto… “”…Le exhorto a que mantenga buen comportamiento que será el único camino para una mayor permisividad en una connivencia ordenada”, contesta Carlos García Valdés en octubre de 1978, siendo director general, a un preso internado en la 5.ª galería de la Modelo que denuncia palizas y vejaciones.

Tres meses duró la paciencia de quien denunciaba las condiciones inhumanas de las cárceles españolas un año antes. Acabada su paciencia, dedicó todos sus esfuerzos no a humanizar las cárceles, sino a restablecer la “perdida autoridad y prestigio del funcionario”. García Valdés abrirá las celdas de castigo, permitirá las medidas de aislamiento, censura de correo e incluso la entrada de antidisturbios para apoyar su reforma.

A partir de agosto-septiembre de 1978, se suceden las circulares de la DGIP pidiendo mano dura y medidas excepcionales contra los presos. La reforma era orden y disciplina, la violencia la misma de siempre: “sé construir cárceles para fieras, y lo haré si me obligan a ello”, sentencia este paladín de la reforma penitenciaria en 1979. Los funcionarios, parapetados en el miedo social que causan los motines y protestas, fueron minando la legitimidad de las reivindicaciones de presos y presas. El aumento de sueldo y el acantonamiento en la mayoría de las cárceles de fuerzas antidisturbios los tranquilizó, hasta el punto de que la práctica de torturas fue vista como un mal menor y necesario en la estrategia de apaciguamiento de los presidios españoles. Todo era tan correcto que se toleró la explotación económica de los presos y una corrupción generalizada que enriqueció a todos los estamentos penitenciarios. El preso, de confianza, no sólo actuaba limpiando casa y hacienda de directores y funcionarios, sino que de él se obtenía un beneficio neto alquilando mano de obra barata para empresas sin escrúpulos.

Ana Isabel Silva Nico lás afirma en las jornadas de la Complutense: “el régimen interno permite premiar al preso obediente que testimoniase buena conducta con la concesión extraordinaria de comunicaciones, premios en metálico, adelantamiento del período penitenciario o el desempeño de destinos y cargos auxiliares y de confianza. En apoyo de la disciplina y el orden [el funcionario] podía limitar las comunicaciones, reducir paseos, recluir en celdas de castigo y si no llegaba con su sueldo a fin de mes podía beneficiarse del trabajo en condiciones de semi-esclavitud que miles de presos realizaban en los talleres penitenciarios sin seguridad social, con sueldos de miseria. Es sin duda un buen aprendizaje para la reinserción social el aprender a trabajar en unas condiciones de explotación elevadas… La regeneración entendida como recuperación de fuerza de trabajo utilizable”.

Un final en el Puerto de Santamaría

…Es lo que le ocurre a Secundino Saavedra que aparece ahorcado en el celular —celda de castigo— en noviembre de 1979. Nada nuevo, sino fuera por las declaraciones que un portavoz del Gobierno de UCD hace a la prensa sorprendido de que “en las cárceles aparecen presos ahorcados en las más extrañas circunstancias”. Secundino, Vicente Palomo (en la Modelo) o Bartolomé Montero (en Huesca) mueren en extrañas circunstancias y el mismo mes en celdas de castigo; quizás era una epidemia.

El caso de Secundino es paradigma de la brutalidad e impunidad con que los funcionarios de prisiones actuaban y actúan. Repasemos el escrito que 22 compañeros remiten a la opinión pública: “Secundino había entrado el 1 de noviembre de 1979 y fue internado en el brutal e inhumano régimen especial del departamento celular […] Secundino apareció ahorcado en las rejas de cangrejo de su celda y aún no sabemos bien por qué”. Encerrado 23 horas al día y apaleado por los funcionarios para obtener su regeneración, dichas torturas son oídas por los demás presos durante días. Secundino, según parece, se negó el último día de su vida a bajarse los slips y así facilitar la requisa de droga (se supone que en el recto). Secundino aparece muerto horas después del cacheo. Hasta aquí nada anormal. El resto de presos del celular, sorprendidos por la muerte del compañero, solicitan al director de la prisión una explicación de lo sucedido. La dirección, en un gesto de trasparencia y a fin de evitar cualquier malentendido, indica que “Secundino era epiléptico y se encontraba jugando con su cinturón y le sobrevino unos de sus frecuentes ataques —por estos ataques era que se oían los gritos— y se quedó colgado” a más de 2 metros de altura. Sin comentarios.

De las especies protegidas

Se pueden analizar más testimonios de presos, familiares, amigos, parlamentarios o abogados, pero todos van coincidiendo, no ya en las deficiencias del tratamiento penitenciario y de las prisiones, sino en la impunidad con que el funcionario actúa en su quehacer diario. La protección de la que gozaban se ha ido transmitiendo de camada en camada, algo similar a la sangre azul, llegando a nuestros días. Los mismos o similares hechos, supuesto tráfico de drogas y resistencia a ser cacheado, tienen un mismo epílogo: violencia y vejaciones.

Recordemos por un instante el llamado motín de Quatre Camins, en Catalunya. Un funcionario, especialmente sagaz y volcado en su labor, ha interceptado un alijo de drogas que requiere desnudar a un grupo de presos para su localización. Éstos, recluidos en un módulo de alta seguridad, aislados del mundo exterior por unas medidas de seguridad extremas, en las que desde luego no cabe pensar entran los alijos de droga con furgoneta de doble fondo, alegan que se trata de un acto arbitrario y humillante. Se organiza un tumulto confuso y televisado, el  sagaz funcionario resulta herido, otro retenido durante una horas. La protesta finaliza al “deponer los reclusos su actitud” y ser dispersados por diferentes prisiones 26 presos.

La película, ya sin cámaras, prosigue: a la prisión de Quatre Camins se dirigen funcionarios, fuera de servicio, de otras prisiones para solidarizarse con sus compañeros, llegando a entrar en la prisión y celebrar una asamblea para solicitar mejoras en sus condiciones de trabajo. Los presos denuncian palizas y vejaciones durante el traslado y hasta varios días después. Son acusados una veintena de funcionarios. Denuncian que la dirección catalana de prisiones archiva ante “la imposibilidad de identificar a los presuntos autores”. El subdirector médico de Quatre Camins, Xavier Martínez, es apartado de su cargo por motivos que se desconocen. El director de la prisión de Tarragona es cesado tras declarar a la prensa que funcionarios de prisiones trafican con drogas dentro de las cárceles.

Con 25 años de diferencia, el eufemismo, el circunloquio, la metáfora burda sirven como coartada a una especie protegida, los funcionarios/carceleros de prisiones, para eludir toda responsabilidad. Secundino Saavedra muere de epilepsia en su celda. En Quatre Camins, las lesiones que sufren 26 presos al ser traslados de prisión, no eran “compatibles con lo que sería la aplicación de medios coercitivos reglamentarios” por parte de los funcionarios de la cárcel. Sin comentarios.

Panóptico: contra la cultura carcelaria, ISSN 1135-9838, Nº. 7, 2005, pág. 213

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